Estados Unidos
La minería del carbón en los Estados Unidos se rige por la Ley Federal de Control y Rehabilitación de Minería de Superficie de 1977 (SMCRA, por sus siglas en inglés), que establece el camino hacia la renuncia de la mina. Si bien hay una variación en los aspectos específicos de la aplicación en diferentes estados, en términos generales existe un requisito de garantía financiera. La garantía financiera se libera a medida que se completa la rehabilitación. Después de completar las actividades de rehabilitación y un período de monitoreo establecido (generalmente de 5 a 10 años), se otorga la liberación de los bonos de la Fase 3, y la compañía minera puede vender el terreno, devolverlo al propietario original o, de lo contrario, liberar la propiedad, renunciando efectivamente a la tierra. Si hay una necesidad de actividades continuas, como una planta de tratamiento de agua, esto puede tratarse como una responsabilidad financiada, con la responsabilidad por el tratamiento transferido al tercero.
Canadá
En Canadá, la minería se rige en gran medida a nivel provincial o territorial, aunque existen regulaciones federales aplicables. La renuncia se ha realizado en la provincia de Saskatchewan. La provincia desarrolló el Programa de Control Institucional (PCI). A través de este programa, las compañías mineras pueden renunciar a un sitio a través de un proceso que implica realizar depósitos en fondos separados que representan tanto el NPV del monitoreo continuo y las necesidades de mantenimiento del sitio como un fondo para abordar los costos inesperados (riesgos residuales). Estos fondos se gestionan por separado de los ingresos generales de la provincia.
A partir de marzo de 2017, seis sitios estaban bajo la administración del PCI.
Australia
Al igual que en Canadá, la industria minera australiana se rige a nivel estatal o territorial, y cada jurisdicción tiene sus propias obligaciones específicas de cierre como parte del proceso de aprobación de minas, que se engloba en los principios generales de la ley del Commonwealth. La mayoría de las aprobaciones de minería y las condiciones de la vivienda se enmarcan de tal manera que, en teoría, el control del sitio de la mina se devuelve al estado o territorio, liberando a la compañía de todas las obligaciones futuras de mantenimiento y monitoreo. La guía general sobre el proceso de cierre de la mina, incluida la renuncia, se describe en el Programa de Prácticas Líderes en Desarrollo Sostenible (LPSD, por sus siglas en inglés)[1], que tiene como objetivo identificar problemas y posibles soluciones para el desarrollo sostenible de la industria minera australiana.
Sin embargo, durante los últimos 25 años, el 70% de las minas en Australia han sufrido cierres no planificados por diversos motivos, entre los que se incluyen circunstancias económicas, técnicas, regulatorias, sociales y otras imprevistas, dejando pocos ejemplos de renuncia exitosa.