Un conjunto de empresas que operan en un país propenso a conflictos en África central enfrentaba graves riesgos de seguridad: proveedores de seguridad pública que comprendían muy poco los derechos humanos y el derecho humanitario, y comunidades desconfiadas de estos proveedores. Las empresas se dieron cuenta rápidamente de que no solo necesitaban trabajar entre ellas, sino también con otras partes interesadas, especialmente las ONGs activas en el área, para gestionar los riesgos de seguridad y promover el respeto y la protección de los derechos humanos y el derecho humanitario.
Las empresas, las ONGs asociadas y las comunidades comenzaron a implementar foros regulares de seguridad donde los temas de seguridad se debatieron abiertamente con representantes de la comunidad, funcionarios de las fuerzas de seguridad pública, funcionarios del gobierno local y otras partes interesadas. Estos foros incluyeron discusiones sobre las preocupaciones de seguridad de los miembros de la comunidad, como la criminalidad local y el abuso del alcohol, así como las preocupaciones sobre las actividades de los grupos insurgentes. Los proveedores de seguridad pública también pudieron compartir sus preocupaciones con los miembros de la comunidad local.
Los derechos humanos y el derecho humanitario se introdujeron lentamente en las discusiones hasta que se convirtieron en una característica habitual. La información que se compartió no solo ayudó a reducir los riesgos de seguridad en el área sino que también generó confianza entre los miembros de la comunidad, los proveedores de seguridad pública y las empresas.