Los militares piden rutinariamente a una empresa que opera en el oeste de África combustible, el uso de vehículos de la empresa y otros equipos. Los militares carecen de recursos suficientes y no pueden proteger adecuadamente a los ciudadanos locales o a la compañía sin estos recursos adicionales. Por lo tanto, la empresa debe transferir equipos de vez en cuando para administrar los riesgos de seguridad. La compañía identificó que esto presenta una serie de otros riesgos, particularmente el riesgo de que el equipo transferido pueda ser utilizado para llevar a cabo abusos contra los derechos humanos. La compañía también descubrió en el pasado que el combustible suministrado a los militares puede ser reubicado (es decir, vendido ilegalmente con fines de lucro), y las partes del vehículo desmanteladas (desde los motores hasta las llantas) y vendidos de manera similar.
Para administrar estos riesgos, la compañía implementó una serie de medidas de seguridad. Ha dejado en claro a los militares sus expectativas sobre la conducta y solo transfiere equipos no letales. Ha colocado equipos de seguimiento en todos los vehículos para que se sepa dónde están sus vehículos en todo momento. También proporciona sus propios conductores pagados al ejército cuando se transfieren los vehículos para que se puedan garantizar acuerdos sobre su uso y para garantizar que los vehículos no se utilicen de manera inapropiada. Finalmente, trabaja con empresas similares para rastrear la cantidad de combustible transferido, de modo que pueda controlar el riesgo de que se embotelle el combustible. Estas salvaguardas hasta ahora han demostrado ser muy efectivas en la gestión de los riesgos de los derechos humanos.